Legalicen las redes P2P!

Las redes p2p (par a par) de intercambio de archivos que permiten descargas de música, películas y videojuegos son más legales que nunca. Ésa es al menos la doctrina que se deriva de una sentencia del Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona desestimando la demanda de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) contra Jesús Guerra, al que acusaba de infringir a través de su página web Elrincondejesus la propiedad intelectual de obras musicales de su repertorio.

La sentencia no se limita a desestimar la demanda de la SGAE, a quien ha condenado a las costas, sino que entra en el fondo del asunto al afirmar que las webs de enlaces como la desarrollada por el demandado se limita a ofrecer la posibilidad de descarga a través de una red p2p, pero «no supone ni distribución, ni reproducción, ni comunicación pública de las obras sujetas a propiedad intelectual, ya que es un mero índice que facilita la búsqueda en redes de intercambio de archivos p2p mediante el sistema de menús, carteles o portadas con títulos de películas u obras musicales».

El fallo del juez Raúl N. García Orejudo es aún más rotundo e indica que «el sistema de enlaces constituye la base misma de Internet y multitud de páginas y buscadores (como Google) permiten técnicamente hacer aquello que precisamente se pretende prohibir en este procedimiento, que es enlazar a las redes p2p«.

P2P

La sentencia, calificada de «histórica» por el abogado del demandado, Carlos Sánchez Almeida, rebate así los argumentos de la SGAE que acusaba a Jesús Guerra, de infringir la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) por explotar obras sin tener los derechos para hacerlo, reproducirlas y hacer comunicación pública de ellas.

El juez advierte que, en un proceso civil, para la tutela de los derechos de autor es imposible con el actual marco legislativo identificar a los particulares o usuarios de estas redes p2p a través de las operadoras de acceso a Internet y de su dirección IP (la matrícula de cada ordenador cuando accede a la Red), «para poder luego averiguar que obra o archivos son descargados, cuál es su procedencia y cómo se realiza la descarga por cada usuario en concreto».

El fallo puede cambiar completamente la estrategia judicial contra las páginas de enlaces. Y es que se trata de la primera vez que por la vía civil -que sólo persigue una indemnización- se desestima totalmente una demanda contra la vulneración de la LPI.

Gran parte de los argumentos empleados por el juez de lo mercantil de Barcelona son los mismos que utilizó la Audiencia Provincial de Madrid para sobreseer el caso Sharemula, en la primera sentencia penal en firme que indicaba que enlazar a redes p2p no es delito. A diferencia de ese fallo, la sentencia del juzgado de Barcelona es recurrible.

El demandado Jesús Guerra es dueño de un bar en el polígono industrial de Caldas de Monbui (Barcelona) y creó la página web Elrincondejesus como hobby, para colgar enlaces de los programas p2p BitTorrent y eMule para descarga de películas y música. El juez reconoce en la sentencia que no había ningún ánimo de lucro, ni directo ni indirecto, porque el titular «no percibe cantidad alguna directa o indirectamente relacionada con el servicio que ofrece», y no tenía publicidad.

No obstante, el panorama puede cambiar radicalmente en los próximos meses. El Gobierno prepara una completa modificación de la legislación, a través de la Ley de Economía Sostenible, por el que se podrán cerrar páginas web que alojen o faciliten sin permiso enlaces de archivos sujetos a derechos como filmes, música y videojuegos. La Audiencia Nacional tendrá la última palabra para el cierre cautelar de las páginas.

Fuente: El País.

La SGAE reclama el 10% de un concierto Creative Commons

El Ayuntamiento de Palma nos ha redirigido un email enviado desde la delegación de la SGAE de Palma, que les remitieron el viernes pasado en relación al concierto Creative Commons: Salvarez + Pacotiempo, en estos términos:

De: XXXXXX [mailto:XXXXXX@sgae.es]
Enviado el: viernes, 15 de enero de 2010 13:29
Para: YYYYYYY, ZZZZZZZZ
Asunto: RV: CONCIERTO DIA 15/01/2010

comentarte que la actuante “Salvarez” es socia de la SGAE y por tanto y por mandato estamos obligados a aplicar la tarifa del 10%.

Saludos
XXXXXXXX
Deleg. SGAE Baleares
C/Sant Jaume nº 7
07012 Palma de Mallorca
Baleares

Nuestra respuesta al Ayuntamiento, ya que la SGAE no se ha dirigido a nosotros, ha sido la siguiente:

  1. Si bien es cierto que Salvarez estuvo registrada en la SGAE, la artista se dio de baja de la entidad el verano pasado. Eso significa que ahora no está registrada.
  2. La SGAE dice que “por mandato” están “obligados”, pero no sé cómo pueden tener un mandato que les obligue a cobrar los derechos si la artista se dio de baja de la entidad, manifestando así explícitamente que no quiere que la SGAE la represente.
  3. Lo que está registrado en la SGAE no es el artista, sino sus composiciones. Lo que la SGAE defiende es lo que ellos llaman “repertorio” y lo que tiene que hacer es demostrar que el repertorio utilizado está sujeto a derechos. En estos momentos la SGAE no dispone ni del repertorio utilizado ni de la firma del artista.
  4. Montar un concierto Creative Commons con composiciones registradas en la SGAE es incompatible. La música es CC o Copyright pero no las dos cosas.
  5. Más del 50% del tiempo del concierto fue de otro artista Creative Commons. Aunque Salvarez siguiera siendo SGAE, ¿pueden reclamar el 10% de la taquilla como si Pacotiempo no hubiera actuado?
  6. Y sobre todo, ¿quiere meterse la SGAE en una dinámica de estas características por 20,59 euros IVA incluido?

Creative commons

Hemos puesto en conocimiento del artista a través de su manager y discográfica esta situación. Sabemos que la discográfica se ha puesto en contacto con la delegación de la SGAE de Baleares y también sabemos que el abogado Javier de la Cueva ha sido consultado e informado.

A estas alturas es más que evidente que la Delegación de Baleares de la SGAE tiene una cruzada en contra de Deacorde Producciones por las opiniones expresadas en este blog. Ya me he hartado de repetir que si nos facilitaran el trabajo en lugar de intentar poner trabas, ingresarían más dinero, beneficiarían a los artistas y conseguiríamos entre todos potenciar la actividad de sus representados. Si nos bloquean, igual matan a la productora, pero también matarán la posibilidad de que los artistas ingresen cachés y derechos gracias a nosotros. Allá ellos con su conciencia. Yo la tengo muy tranquila.

Gracias Malabache por la información!

Controlando el control

El dia 1 de julio en el festival InnMotion de Barcelona, Derivart ha lanzado de forma accesible para todos uno de los secretos mejor guardados.

A partir de ahora todos lo ciudadanos que quieran podrán utilizar solo repertorio no depositado en la entidad de gestión y dejar de pagar a la SGAE porque por fin sabremos que tiene en su poder y que no.

Para ello tenemos dos herramientas absolutamente infalibles:

El inspector

Por un lado, El Inspector es un complemento del navegador Firefox que comprueba si la música registrada en la SGAE esta disponible en las redes p2p. Ya tenemos posibilidad de poder descargar esta aplicación y usarla en nuestros ordenadores, entrando en la propia web del colectivo. Intercambio libre y legal de archivos directamente desde la pagina de SGAE.
Y también podemos disfrutar de El Manager, una herramienta que te ayudará a identificar cuando una canción registrada en la SGAE esta dentro de alguna carpeta de tu ordenador. Si estas pensado hacer una fiesta con música libre, versionar grupos míticos, una boda, una fiesta benéfica para una causa noble o solo porque si, el manager es tu solución.

El Manager

Durante el festival las herramientas han sido utilizadas ya por mas de mil personas. Y ahora podemos seguir desde casa.

Via Conservas.

Devuelven el canon de los CD a un abogado que los usó para copiar juicios

Un juzgado de Sevilla ha ordenado devolver el llamado ‘canon digital’ a un abogado que demostró que usó los CD para copiar juicios, que son actos públicos, y por lo tanto no los utilizó para reproducir obras protegidas por derechos de propiedad intelectual.

Una sentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla condena a un comerciante a devolver al abogado Joaquín Moeckel 1,12 euros, importe del ‘canon digital’ de cuatro CD que, según demostró en el juicio, utilizó para reproducir otras tantas actividades judiciales.

Según la sentencia, con ello «queda suficientemente acreditado que el destino o uso final» de los CD no fue la copia privada, que es el objetivo del ‘canon digital’ que, tras ser abonado al comerciante, cobra la Sociedad General de Autores de España (SGAE).

Moeckel ha explicado a Efe que, aunque esta sentencia se refiere sólo a su reclamación concreta, podría aplicarse a todos los profesionales de la Justicia como abogados o procuradores y a otras ramas como la Sanidad pública, que utilizan los CD para copiar documentos de su trabajo que tienen carácter público.

El letrado, por ello, ha invitado «a la abogacía de toda España a que a partir de ahora no acceda al pago de un canon que encarece el coste de la Justicia» y que se movilice para modificar una legislación que «presume la ilegalidad de las actuaciones de los profesionales».

Ha informado de que, en su caso, cada uno de los CD le costó 0,45 euros y el canon digital fue de 0,28 euros por cada uno, la mitad del precio, lo que supone un total de 1,12 euros que el comerciante donde compró los soportes, situado en la calle Zaragoza de Sevilla, ya ha depositado en el juzgado.

No al canon digital

Dudas sobre la aplicación del canon

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil recuerda que la Audiencia Provincial de Barcelona acordó en septiembre de 2008 elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por tener dudas sobre «la aplicación indiscriminada del referido canon a empresas y profesionales que claramente adquieren los aparatos y soportes de reproducción digital para finalidades ajenas a la copia privada«.

Cita también un veredicto de la Audiencia de Málaga según el cual aunque la ley «presume» la compra de los soportes citados para reproducir obras protegidas, el ciudadano tiene derecho a presentar pruebas en sentido contrario y demostrar que lo ha utilizado «para otro fin distinto a la causa de tributación».

En su demanda, Moeckel invocó una resolución de septiembre de 2003 de la Comisión Permanente de Justicia del Consejo de la Abogacía Española en la que acordó pedir al ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la supresión del canon digital en los CD usados para juicios orales, aunque hasta la fecha tal petición no ha tenido resultado.

A juicio del abogado, al igual que algunas familias han decidido acogerse a fórmulas como la suspensión de pagos, los ciudadanos podrían presentar demandas similares a la suya y demostrar que no compran los CD para copias obras protegidas sino para actos privados como puede ser almacenar sus fotos familiares.

Via El Mundo.