España está por aprobar el proyecto de «Ley de Economía Sostenible» donde plantea el bloqueo y cierre de ‘sitios web’ de intercambio de archivos. Este anuncio provocó ayer mismo un auténtico tsunami en Internet con la creación de grupos en las redes sociales, la movilización de la blogosfera y un aluvión de mensajes en Twitter, donde la propia ministra de Cultura recibió a un grupo de profesionales de Internet para explicarles en primera persona el contenido de la norma.
Blogueros, periodistas, responsables de páginas web, profesionales y creadores de Internet han redactado un manifiesto, En defensa de los derechos fundamentales en Internet. Sumando el ruido que han hecho los principales blogs de españoles, su presencia en Twitter y la potencia de Google, el manifiesto ha logrado un inusitado poder de difusión. La vaga redacción de la modificación legal reproducirá la polémica que ya han vivido otros países europeos sobre si es necesaria la intervención judicial previa para restringir los servicios en Internet. Recientemente, el Parlamento Europeo aprobó por unanimidad la directiva en la que se retiraba ese requisito, y Francia ha creado un organismo administrativo (Hadopi) con potestades para perseguir a los internautas que realicen descargas de archivos protegidos. La gran diferencia en el caso de España es que la Comisión se centrará en la persecución de las páginas web tanto de descargas directas como de programas p2p de intercambio de archivos y no perseguirá a los internautas particulares que realicen esas descargas. No sabemos como termina la historia, lo cierto es que es notable la movilización de internautas en dos días.