Con pocas horas de diferencia se presentaban en Londres y en Madrid sendos informes que, desde distintos puntos de vista, abordaban los efectos de las descargas ilegales en el mercado musical. Para la Federación Internacional de Productores Fonográficos (IFPI) representa un gran fiasco para las grandes compañías discográficas (las ventas de discos en el mundo han caído un 7%), mientras que para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) es una oportunidad para difundir el trabajo de artistas minoritarios o independientes, que no tienen acceso a los grandes mecanismos de marketing. Esto redunda en una mayor popularidad de los artistas, que se traduce en más conciertos y en un incremento de ingresos (se duplicaron entre 2005 y 2008, pasando de 144 millones de euros a 305). Sin embargo, el mercado discográfico físico ha pasado de 405 a 254 millones.
Las conclusiones del informe Fedea muestran claramente su oposición a la aprobación de la Ley de Economía Sostenible.
«Política policial»
El primer caso lo defiende la IFPI, presidida por John Kennedy, que tiene como objetivo salvaguardar los derechos de los productores discográficos y promover los usos comerciales de la música grabada. El segundo se basa en un estudio elaborado por los economistas Michele Boldrin, profesor en la Universidad de Washington y gran defensor del fenómeno Napster (pionero en los intercambios P2P), y Pablo González.
Las conclusiones del informe Fedea muestran claramente su oposición a la aprobación de la Ley de Economía Sostenible (LES), en particular a la Disposición Adicional Primera creada por el Gobierno para frenar las descargas ilegales a través del bloqueo, gracias al beneplácito de un juez, de las webs que infrinjan los derechos de la propiedad intelectual. Una medida que Boldrin califica de «política policial». Tanto González como Boldrin sostienen que lo único que se logrará con ella será «dificultar el cambio de modelo productivo» y «frenará el uso de internet en España».
Sin embargo, Kennedy consideraba ayer que la implantación de mejoras legislativas en cada país permitirá «una recuperación global a largo plazo del negocio», informa Efe. Un punto que para Fedea no está muy claro, pues «no está demostrado que la industria del ocio vaya a perder a causa de las descargas y el intercambio de ficheros digitales en internet».
El cambio tecnológico desembocará en la desaparición de los intermediarios -tiendas, markéting-.
Presiones a los gobiernos
«El efecto del pirateo no ha destruido la música sino que la ha incrementado», sostiene Boldrin, que cree que las medidas que están adoptando los gobiernos vienen empujadas por los intereses de las grandes empresas de entretenimiento y por el miedo a las campañas mediáticas emprendidas por sus estrellas. «Lo que deberían hacer los gobiernos es favorecer el marco legal y fiscal para el desarrollo de las nuevas tecnologías, y no ayudar a que se enriquezcan ciertos sectores. Lo que la tecnología digital está haciendo es poner a disposición un nuevo sistema de producción más barato». Según Boldrin, el cambio tecnológico desembocará en la desaparición de los intermediarios -tiendas, markéting-. «Lo que hay que hacer es incentivar para que los músicos se aprovechen de las tecnologías».
Por otra parte, el economista italiano se mostró a favor de acortar la duración del copyright «a 2 o 3 años, tiempo durante el que realmente se produce el 80% de las ventas». Y subrayó que de éste se benefician principalmente las discográficas y las editoriales que «se siguen forrando gracias al poder del monopolio, algo de lo que no se benefician los autores pequeños».
Fuente: ABC.ES